La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha sancionado a dos activistas del grupo ecologista Futuro Vegetal con 90.001 euros a cada una por la protesta que llevaron a cabo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 21 de julio de 2023 (dos días antes de las elecciones generales), según ha denunciado el propio colectivo.
La sanción se fundamenta en el artículo 48.3.2a de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, donde se recoge como infracción muy grave «el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos».
Desde el grupo ecologista aseguran que ya se está trabajando en la presentación de un recurso, al entender que el derecho a la protesta incluye que esta deba ser efectiva. Por lo tanto, no creen que este derecho deba verse «coartado por regulaciones administrativas encaminadas a la protección de otros bienes jurídicos de menor entidad que derechos fundamentales como la libertad de expresión».
Además, argumentan que esta sanción llega cuando ya existe un procedimiento penal abierto por los mismos hechos, «lo que vulneraría el principio general del derecho de non bis in idem, en función del cual no se puede castigar por dos vías los mismos sucesos».
Por su parte, las dos activistas sancionadas aseguran que «no se arrepienten de la acción» y que «la volverían a hacer, ya que ni todas las sanciones económicas ni las penas de prisión van a parar la crisis climática».
Al respecto, el portavoz del colectivo, Bilbo Bassaterra, asegura que «el hecho de que esta sanción se produzca un año después de la protesta debería levantar suspicacias sobre cuál es el verdadero objetivo de la misma».
Asimismo, Futuro Vegetal considera que «el gobierno de Pedro Sánchez sigue con las mismas políticas climáticas que sus predecesores». «Regar con dinero público a las corporaciones cárnicas y energéticas mientras intentan callar las protestas usando la violencia institucional», cuestionan.