Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) ha reclamado este jueves que se otorgue protección internacional a las personas saharauis solicitantes de asilo retenidas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y asistencia médica.
En un comunicado, la asociación progresista señala que se trata de 35 personas documentadas conforme al censo realizado por la Misión de la ONU para el Sahara Occidental (Minurso), entidad que acredita su condición de saharauis, de los cuales 12 han iniciado una huelga de hambre en señal de protesta.
Piden al Ministerio del Interior que garantice los derechos humanos de estos solicitantes, que se cumpla la legalidad y la jurisprudencia, se respete el principio de no devolución y que, en sus resoluciones, adopte un enfoque de protección de los derechos humanos.
Han recordado que España ya fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2014, en este caso también en relación a 30 saharauis solicitantes de protección internacional en el país.
Se estimó una vulneración de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que declaran el derecho a la tutela judicial efectiva frente a la vulneración por parte de terceros Estados del derecho a la vida y la posibilidad de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
El TEDH obligó entonces a España a garantizar que las personas solicitantes de asilo se mantuvieran en territorio español durante el examen de sus causas hasta que la decisión fuera adoptada y reconoció el riesgo que sufren los saharauis en su territorio.
Por todo ello, Jueces para la Democracia ha defendido que los temores expresados por los solicitantes de asilo en caso de retorno «no son irracionales ni desprovistos de fundamento», por lo que sus alegaciones han de «examinarse individualmente». Consideran que, en este caso, se está denegando su solicitud en contra del criterio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).