El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, se ha dirigido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para expresar su «profunda preocupación» y denunciar la «grave situación «que enfrentan los profesionales de la abogacía de guardia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica a los solicitantes de asilo.
En los últimos meses, el ICAM ha recibido numerosos testimonios de abogados que reflejan una realidad «alarmante y recurrente». «Lo que debería ser un proceso jurídico guiado por principios de dignidad y profesionalidad se está convirtiendo, de manera habitual, en una experiencia caótica y desmoralizante, tanto para los profesionales como para los propios solicitantes de asilo», advierte el decano de la Abogacía madrileña, según recoge Europa Press.
Eugenio Ribón ha señalado que los abogados del Colegio se encuentran sistemáticamente con un escenario que evidencia «graves carencias estructurales: la falta de intérpretes cualificados, la sobrecarga del personal de extranjería y policía, y la ausencia de recursos básicos para realizar su trabajo».
«Es inaceptable que nuestros abogados se vean obligados a desempeñar sus funciones en condiciones indignas, utilizando sus propios teléfonos para comunicarse con los solicitantes y trabajando en espacios inadecuados, sin mesas ni equipamiento mínimo necesario», ha declarado Ribón.
Además, denuncia que la falta de formularios y de una adecuada coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso de asilo no solo dificulta el trabajo de los abogados, «sino que también pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas que buscan protección en nuestro país», según el Decano.
Ante esta situación, Ribón ha solicitado al ministro del Interior la implementación «urgente» de una serie de medidas que garanticen recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas de asilo y Extranjería, incluyendo intérpretes capacitados y formularios adecuados para los trámites; espacios de trabajo dignos para los abogados de guardia, que les permitan llevar a cabo su labor en condiciones que respeten tanto su dignidad profesional como la de los solicitantes de asilo; y una coordinación efectiva entre las distintas entidades involucradas en el proceso de asilo, para evitar la duplicación de esfuerzos y la pérdida de tiempo en situaciones de extrema urgencia.
Abogados de oficio
Además, el ICAM recuerda la necesidad de asegurar condiciones económicas justas que reconozcan la dedicación y el sacrificio de los abogados que participan en estas guardias, «asegurando que no tengan que asumir gastos adicionales, como el parking o la comida, de su propio bolsillo».
«Es nuestra responsabilidad como Colegio denunciar estas injusticias y exigir que se tomen las medidas necesarias para corregirlas», ha afirmado por su parte Juan Manuel Mayllo, diputado del ICAM responsable de la Abogacía de Oficio. «Los abogados que participan en el sistema de asistencia jurídica gratuita lo hacen con una entrega y profesionalidad que merecen ser respetadas y apoyadas. Sin embargo, no podemos permitir que el sistema de asilo en España continúe funcionando bajo estas condiciones. Es imperativo que se garantice la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas», ha señalado.
En la carta remitida al ministro, el decano concluye reiterando la disposición del ICAM a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero ha subrayado la necesidad de actuar «con urgencia y determinación para que esta situación no se repita».